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Comunidades wayuu de la Alta Guajira denuncia al alcalde de Uribia por desplazamiento forzado y prevaricato por omisión

12 junio, 2021 - 7:43 am

Ante el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, fue denunciado el alcalde de Uribia Bonifacio Henríquez Palmar por delitos como prevaricato por omisión, desplazamiento forzado, violación a la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros delitos.

La denuncia es realizada Celina Ipuana Jusayu, Autoridad Tradicional indígena wayuu de las comunidades de Jasaichon, Carpintero y Sarrarapa en la Alta Guajira.

“El día 1 de junio del presente año, centenares de personas invasoras de origen desconocido, ingresaron hasta nuestros territorios ancestrales, talaron los árboles, profanaron nuestros lugares sagrados y empezaron a cercar y a levantar sus ranchos bajo amenazas e intimidaciones hacia los dueños legítimos de estos territorios indígenas ubicados en el resguardo ampliado de la media y alta Guajira del Municipio de Uribia. Ante la mirada indiferente y omisiva del primer mandatario del Municipio de Uribia, se presentaron confrontaciones y enfrentamientos entre los dueños legítimos del territorio y los invasores, por lo que finalmente, el día 03 de junio del presente año, se presentaron funcionarios delegados de la administración Municipal conformadas por la Personería Municipal, un intendente de la Estación de Policía del Municipio, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno y Secretaria de Asuntos Indígenas quienes ratificaron su apoyo a la comunidad amparándose en la protección de los resguardos indígenas como un hecho constitucional, e hicieron un llamado a las personas allí presentes para que recordaran que las comunidades indígenas cuentan con protección legislativa”, afirma la denuncia.

Indicaron además que “es importante resaltar que, las personas invasoras de nuestros territorios indígenas wayuu, sujetos de especial protección constitucional, argumentaron que desde la alcaldía tenían la autorización de ocupar ese territorio, pero desde la reunión del día 3 de junio esto se desmintió por parte de la misma secretaria de planeación al argumentar que esos territorios hacían parte del resguardo indígena y por lo tanto es anticonstitucional su invasión. Luego de la reunión sostenida con los delegados de la administración Municipal los intentos por adueñarse de los territorios siguieron, se continúan haciendo mediciones, quema y tala de árboles, robo de chivos. La invasión amenaza con llegar a nuestro cementerio ancestral, lugar sagrado donde reposan los restos de nuestros antepasados, incluyendo a nuestro siempre recordado y apreciado mayor, Enrique Ipuana. Lo cual no estamos dispuestos a permitir en defensa de nuestros derechos y de la memoria de nuestros antepasados”.

De igual manera informaron que es importante aclarar que bajo grupos de WhatsApp y perifoneo, se difunde información falsa que atenta contra la integridad de nuestro territorio y autoridad, al afirmar que cualquier persona con ciertas condiciones puede acercarse a nuestro territorio para que le sea asignado un terreno. Uno de los mensajes que circulan es que nos encontramos donando terreno a los padres que entreguen los registros y la documentación de sus hijos, afirmación esta que reiteramos es totalmente falsa. Actualmente hay devastados más de cinco hectáreas de nuestros territorios ancestrales, ante la mirada indiferente del señor alcalde del Municipio de Uribia señor Bonifacio Henríquez Palmar, quien como primer mandatario en desacato a sus funciones legales y constitucionales nos abandonó y nos dejó solos a merced de unos invasores, que no solo están saqueando nuestros territorios, sino que también se están robando nuestros animales, nuestras pertenencias y todo lo que puedan arrasar, con el agravante de que estamos bajo serias amenazas de muerte, exilio y desplazamiento forzado de nuestros territorios ancestrales”.

Asimismo informaron que “después de la reunión sostenida con los señores delegados de la administración Municipal el día 3 de junio del presente año; estos no se han vuelto a pronunciar, no contestan los teléfonos, rechazan nuestras llamadas, situación que como Autoridad Tradicional Indígena Wayuu, en representación de mi territorios ancestral, de mis comunidades y de mi familia, me veo en la obligación de presentar esta denuncia penal por los delitos de prevaricato por omisión, desplazamiento forzado, violación a la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, violación al convenio 169 de la oit, violación a la jurisprudencia nacional en cuanto a la especial protección constitucional de los territorios indígenas, en contra del señor Bonifacio Henríquez Palmar, como primer mandatario del Municipio de Uribia, toda vez que sus funciones son cumplir y hacer cumplir la constitución política de Colombia, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo, así mismo conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador, con el agravante de que como indígena wayuu, es también conocedor de la normatividad y legislación especial indígena (wayuu), para lo cual juró y prometió ante Dios y el pueblo defender ante todas las instancias correspondientes”.

Finalmente la denuncia finaliza con las peticiones del denunciante para la parte denunciada.

“Se abra la respectiva investigación penal en contra del señor Bonifacio Henríquez Palmar como alcalde del municipio de Uribia, por los delitos de prevaricato por omisión, en concurso con el delito de desplazamiento forzado (artículo 180 código penal colombiano) y en contravía a la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, convenio 169 de la OIT, y a lo establecido por la jurisprudencia nacional en cuanto a la especial protección constitucional de nuestros territorios indígenas, toda vez que con su conducta, ha propiciado que personas desconocidas, ajenas a nuestros territorios ancestrales, pretendan desplazarnos de forma violenta”, finaliza la denuncia.

La denuncia tiene copa a la Consejería presidencial para los derechos humanos, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría Nacional del Pueblo, Comisión de derechos humanos del senado de la república, Oficina de derechos humanos Policía Nacional de Colombia, Oficina de derechos humanos ONU Colombia.