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“4 años de resistencia del movimiento indígena Nación Wayuu medio de amenazas y atentados”: líder social José Silva

22 diciembre, 2020 - 8:14 am

El Movimiento Indígena Nación Wayuu es una Organización Indígena No Gubernamental sin ánimo de lucro, Defensora de los Derechos Humanos, la cual durante desde hace cuatro años viene denunciando situaciones que afectan a la población indígena de La Guajira.

Se informó que fue constituida un 7 de diciembre del 2016 mediante la declaratoria de una asamblea permanente desde el territorio indígena y ancestral Katsaliamana, jurisdicción del municipio de Uribía.

“En el año 2017 adquiere su personería jurídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en el Departamento de la Guajira compuesta por Autoridades Tradicionales Indígenas, Afros y profesionales voluntarios en diferentes áreas. El 7 de diciembre del presente año, el Movimiento Indígena Nación Wayuu, cumplió 4 años de resistencia en medio de una persecución sistemática, desatada por manos criminales en contra de los miembros de esta organización, quienes por su vocación de servicio y denuncias constantes por las graves violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo Wayuu y los grupos étnicos del departamento de La Guajira, fueron declarados objetivo militar. Desde la conformación y constitución de este Movimiento, sus líderes vienen siendo víctimas de amenazas y atentados en contra de sus vidas por su firme convicción de Defensores de los Derechos Humanos, sin embargo las acciones y denuncias del movimiento por la defensa de los Derechos Humanos nunca han cesado, antes por el contrario son constantes”, afirmó José Silva, abanderado de la ONG Nación Wayuu.

Sin embargo, José Silva indica que en estos cuatros también han logrado resaltar mediante los procesos de protección de derechos en comunidades indígenas.

“Grandes logros se han obtenido en beneficio de la reivindicación de Derechos de las comunidades más vulnerables en el departamento de La Guajira; siendo las más relevantes la reivindicación de los derechos de la primera infancia, quienes a pesar de tener un recurso millonario anual, asignado por el estado colombiano para su atención aún siguen falleciendo por causas asociadas a la desnutrición. En temas de educación, existen significativos logros en beneficio de los docentes étnicos quienes sin justa causa o razón vienen siendo excluidos y marginados por la Administración Temporal, de ser nombrados oficialmente en igualdad de condiciones a sus demás compañeros. Desde la Oficina de Asuntos Jurídicos y étnicos de la ONG, se han gestado varias acciones judiciales en procura del restablecimiento de los derechos de estos docentes, en donde la corte constitucional y el concejo de estado en diversas sentencias han fallado en favor de los educadores étnicos. En temas de salud y medio ambiente, los acompañamientos son constantes a las comunidades étnicas, siendo las más relevantes, las acciones elevadas en defensa de las comunidades wayuu afectadas ambientalmente por el botadero de basura del Distrito Riohacha y comunidades wayuu del municipio de Uribía afectadas ambientalmente por la laguna de oxidación de este municipio”, afirmó José Silva.

De igual manera, informó José Silva que “otra de las importantes acciones este año, fueron las campañas a nivel nacional e internacional para mitigar los impactos de la pandemia, que afectó a las comunidades considerablemente, ya que no podían salir a vender sus artesanías, en muchos casos única fuente de sustento. Por medio de campañas de trueque o de aportes por crowdfunding con el apoyo de importantes ONGs internacionales, se consiguió realizar entrega de mercados a más de 100 comunidades indígenas.  Esta época de pandemia propicio muchos escenarios de vulneración de Derechos en contra del pueblo wayuu, por ejemplo la incineración de los cuerpos de personas wayuu fallecidas en las diferentes clínicas, en donde la ONG actuó oportunamente denunciando estas graves vulneraciones, logrando así el respeto hacia los cadáveres de los wayuu fallecidos, quienes fueron repatriados y sepultados en sus cementerios ancestrales”.

Indicó además que “La Guajira es un departamento que produce el 40% del carbón del país, que en los últimos años se ha perfilado como una promesa de gran potencial para la explotación de energía eólica. Actualmente, existen 65 proyectos eólicos en trámite, que probablemente entrarán a funcionar en la próxima década. Este territorio seguramente se convertirá así en testigo de la transición de las llamadas energías sucias a energías limpias”.

De igual manera informó José Silva que “en esta región habita el pueblo wayuu, que representa el 20 por ciento de la población indígena de Colombia. A pesar de la promesa de desarrollo que ha generado la explotación de carbón y de los importantes avances normativos sobre los derechos de participación de los pueblos indígenas que se han dado en Colombia, el pueblo wayuu se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. En las últimas décadas, ha prevalecido una gran confianza en la capacidad de los mecanismos de participación para prevenir el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, la experiencia en Colombia muestra que estos mecanismos, en particular el de las consultas previas, tienen enormes limitaciones, principalmente debido a su baja efectividad en la práctica y a que las condiciones materiales de los pueblos dificultan una participación verdaderamente libre”.

Asimismo advierte José Silva que “una reciente investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) revela cómo han avanzado en el país las gestiones para 65 parques eólicos con más de 2,000 aerogeneradores en todas las costas de La Guajira. Estos parques afectarían al menos a 288 comunidades wayúu, sin contar las impactadas por las líneas de trasmisión de energía. Un total de 19 empresas —15 de ellas multinacionales— promueven estos proyectos, en los que se gestionan acuerdos por 60 años o más, con una inversión de más de seis mil millones de dólares. Según las investigaciones de Indepaz, las empresas y el Estado han adelantado procesos de consulta previa con las comunidades, con base en una normatividad que se deriva de la Constitución Política, de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de otros importantes instrumentos. En Colombia, sin embargo, no existe una ley de consulta previa. Los principios de cómo debe realizarse y cuál es su alcance han sido definidos por una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para la Corte, las consultas deben ser un instrumento efectivo de protección de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y comunidades negras. Este tribunal ordena el consentimiento libre, previo e informado en caso de que las medidas impliquen reubicaciones, vertimiento de desechos tóxicos o impactos culturales, sociales y ambientales que puedan poner en riesgo la existencia misma de la comunidad. La Corte y otras fuentes de derecho internacional han señalado que las consultas deben ser efectivamente previas a la toma de decisiones y llevarse a cabo antes de cualquier intervención en el territorio”.

Finalmente afirmó José Silva que “a pesar de estos importantes lineamientos, en la práctica los procesos de consulta se rigen por medio de normas administrativas expedidas por el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno y las empresas entienden las consultas como un mero requisito formal y no como una vía efectiva para que las comunidades participen de manera efectiva en las decisiones que afectan sus derechos territoriales y culturales, entre otros derechos. Los procesos de Consultas Previas en los Territorios Étnicos del Departamento de La Guajira, son engañosos y manipulados a favor de las empresas, situación está que viene denunciando la ONG ante las instancias Nacionales e Internacionales y para lo cual ha dispuesto del acompañamiento de profesionales voluntarios en diferentes áreas, especialistas en consultas previas como derecho fundamental de los pueblos indígenas. Estas asesorías y acompañamientos a las comunidades étnicas se hacen con la finalidad de que exista igualdad de condiciones entre las empresas y la comunidad, pero más sin embargo estas asesorías y/o acompañamientos a las comunidades, no son bien recibidas por las empresas ya que no les permite seguir manipulando y engañando a estas comunidades vulnerables que en la mayoría de los casos son compensados con mercaditos de comida. Estas empresas para llevar a cabo este oscuro plan de engaño y manipulación, disponen de los servicios, en muchos casos, de profesionales wayuu para que ingresen a los territorios y persuadan a las autoridades de sostener un diálogo directo sin intermediarios”. 

Finalmente José Silva expone lo que ha padecido por defender los derechos de las comunidades indígenas.

“Debido a todas estas acciones, y ante el peligro que implica ser líder social y defensor de Derechos Humanos en Colombia, probablemente se ha desatado la persecución sistemática en contra de los miembros de la ONG, quienes sobreviven en medio de amenazas y atentados, siendo el caso más reciente el atentado perpetrado en contra de Kenneth Escorcia Fontalvo, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección, que hacia parte del esquema de seguridad del presidente de la ONG, quien en momentos en que se dirigía hacia la residencia de su protegido, fue interceptado y baleado por criminales. Sin embargo, la lucha continúa y se fortalece con el apoyo cada vez mayor de profesionales y de organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado y que se han encargado de visibilizar y potencializar la labor de la organización”, finalizó el líder José Silva.

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