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‘Neno’ Robles pide vigilancia especial ante acciones del tribunal superior de Riohacha al contestar un recurso como derecho de petición

10 noviembre, 2020 - 5:40 pm

Ante el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, Juan José Robles Julio pidió vigilancia especial ante acciones del Tribunal Superior de Riohacha al contestar un recurso como derecho de petición.

Cabe indicar que “la vigilancia judicial administrativa es un mecanismo de control, reglamentado mediante Acuerdo No. PSAA11-8716 DE 2011, para que la justicia se administre oportuna y eficazmente y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales, ubicados en el ámbito territorial de circunscripción territorial de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Se exceptúan los servidores de la Fiscalía General de la Nación. La vigilancia judicial administrativa no es un mecanismo apto para solicitar la revocatoria, cambio o modificación de actuaciones netamente jurisdiccionales, ni para direccionar decisiones judiciales”.

Juan José Robles Julio, alcalde electo de Manaure, indica en los hechos por qué pide la vigilancia especial ante el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira.

“Presenté una acción de tutela, correspondiéndole al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, quien mediante fallo amparó mis derechos fundamentales conculcados por las entidades accionadas (Consejo de Estado y Tribunal Administrativo de La Guajira). Impugnada la decisión le correspondió por reparto al Magistrado Jhon Rusber Noreña quien mediante auto interlocutorio de sala unitaria resolvió abstenerse de fallar en segunda instancia como lo establecía el decreto 2591 de 1991 y resolvió anular todo lo actuado en el proceso desde la admisión de la tutela. Argumentó el magistrado antes mencionado que las normas del Código General del Proceso lo facultaba para decidir sobre el proceso en sala unitaria, porque dentro de los autos de sala no se encuentran los interlocutorios de las tutelas, desconociendo que el Código General del Proceso no regula expresamente el trámite de las titulas y que en virtud del artículo 4 del Decreto 306 de 19921 solo se pueden aplicar los principios mas no las normas del código mencionado, por ello no era dable al Magistrado Rusbel recurrir a las normas y reglas del procedimiento ordinario para omitir ir a sala cuando debía pronunciarse el Tribunal en pleno”, dijo Juan José Robles Julio.

Asimismo, indica Juan José Robles Julio que “además el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 señala que la impugnación del fallo de tutela se remitirá al superior jerárquico correspondiente, que en el caso del Juzgado Único Promiscuo de San Juan es el Tribunal Superior de La Guajira, no un Magistrado sustanciador. De otra parte, en las consideraciones tienen como ratio decidendi de la nulidad una supuesta incompetencia de Juzgado Único Promiscuo de San Juan del Cesar. Sobre ello, téngase en cuenta, que si ese Juzgado no es competente para tramitar la presente tutela, la consecuencia lógica es que el Tribunal Superior de La Guajira tampoco lo es para hacer ningún pronunciamiento dentro de la misma, en atención a que su competencia (La del Tribunal) se deriva de ser el superior funcional de aquel (el Juzgado Único Promiscuo de San Juan). De manera que, si el Tribunal cree que no hay competencia en el Juzgado, y en consecuencia, tampoco en él, por lo que debió abstenerse de inmiscuirse en decisiones propias del proceso, y remitirlo, en el estado en que se encuentre, a quien cree que tiene la competencia. Cualquier actuación diferente está afectada por el mismo vicio que el Tribunal le endilga al Juzgado de San Juan”.

Finalmente indica Robles Julio que “la Corte Constitucional en el auto 124 de 2009 estableció de forma certera (ii) una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso. Finalmente manifiesto que el decreto 2591 de 1991 en el artículo 39 dispone que “El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente.” Sobre este punto el magistrado tantas veces mencionado debía declararse impedido porque en otro proceso presenté una denuncia contra el magistrado y además el presento una acción de tutela contra en la que narró hechos que dan cuenta de una enemistad entre nosotros. Por ello, el doctor Jhon Rusbel Ñoreña infringió la norma mencionada al no declarar su impedimento por lo que notoriamente incurrió en una sanción disciplinaria. En virtud, de todo lo mencionado interpuse recurso de súplica contra el auto interlocutorio, sin embargo, sin explicación alguna no le dieron el trámite que correspondía bien sea para acceder o negarlo, teniendo en cuenta que los jueces se pronuncia a través de providencias bien sean autos o sentencias, empero, en el presente caso los magistrados decidieron darle el trámite de una petición y se me contestó con un escrito informal suscrito por los magistrados Paulina Cabello y Carlos Villamizar. Por todo lo expuesto, de forma comedida solicito se realice la vigilancia judicial administrativa correspondiendo, teniendo en cuenta que considero que no tener ninguna garantía con el magistrado Jhon Rusbel Noreña cuyo actuar me pareció arbitrario y fuera del margen de lo legal.”.

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