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“No hay competencia del Tribunal Superior para nulitar las actuaciones del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar”: Magistrada responde a oficio de ‘Neno’ Robles

9 noviembre, 2020 - 5:10 pm

La Magistrada del Tribunal Superior Judicial de Riohacha, Paulina Leonor Cabello Campo, emitió su pronunciamiento tras la solicitud del alcalde electo de Manaure, Juan José Robles Julio sobre la decisión del Magistrado Jhon Rusber Noreña Betancourth de revocar el auto interlocutorio que profirió el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar de garantizarle los derechos a Robles Julio.

“No hay competencia del Tribunal Superior para nulitar las actuaciones del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira. Confusión del despacho ponente entre las reglas de reparto y la asignación de competencia. En la presunta incompetencia territorial lo actuado conserva validez y el proceso se remitirá al juez competente. En el auto que resolvió la solicitud se limitó a estudiar el primer argumento, y no se resolvieron las demás solicitudes formuladas. Además nuevamente no fue resuelto por quien correspondía que eran los demás integrantes de la Sala”, afirmó la Magistrada Paulina Leonor Cabello Campo en respuesta a la solicitud del alcalde electo Juan José Robles Julio.

La Magistrada de igual manera explica paso a paso su apreciación en referencia a la del Magistrado Jhon Rusber Noreña Betancourth cuando revocó el auto interlocutorio que dejaba en firme la elección de Juan José Robles Julio como alcalde de Manaure mediante el restablecimiento de sus derechos.

“Debe tenerse en cuenta por parte de la Secretaría del Tribunal la norma mencionada a efectos del conteo de términos de ejecutoria del auto interlocutorio y consecuencialmente para dar el cumplimiento de lo ordenado una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. Puestas así las cosas, debe informarse al señor Juan José Robles Julio, (i) que la competencia para resolver de fondo su solicitud se encuentra radicada en cabeza del H. Magistrado Dr. Jhon Rusber Noreña Betancourth, quien adoptó la decisión que ahora censura, por cuanto la suscrita no tuvo conocimiento del proceso tutelar referenciado en el párrafo anterior, ni por qué le fuera repartido para su resolución, ni para efectos de alguna decisión al interior del mismo. En cuanto a este último punto, se hace necesario ilustrar al señor Juan José Robles Julio que la declaratoria de nulidad en el trámite de una acción de tutela, es de aquellos autos que pueden ser resueltos por el Magistrado Ponente a través de decisiones unitarias, sin que ello implique una trasgresión a derechos fundamentales como el debido proceso”, afirmó la Magistrada Paulina Leonor Cabello Campo. 

Y la Magistrada sustentó sus argumentos basados en “sobre este particular, se acude directamente a la norma que contiene la forma como deben ejercer sus atribuciones los Jueces Plurales; es decir, el artículo 35 del Código General del Proceso, pues en éste se dispone que las únicas providencias que se deben emitir en Sala

Plural son 1) las ‘sentencias’ sean en única o segunda instancia, y 2) los autos: i) que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto, ii) el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o ii) resuelva sobre ella; y que “(…) El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión (…)” (subraya fuera del texto). Al acá quejoso, se le reprocha por no haber emitido en sala de decisión el auto decretando la ‘nulidad’ de una acción de tutela por falta de competencia del juez de primera instancia, determinación que a la luz de la citada norma, no corresponde a aquéllas que se deben llevar a votación de los demás magistrados, por tanto, el actor podía actuar de la forma como lo hizo, por cuanto así se lo permitía la ley.” (sentencia STC2024-2019. MP.LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA), lo que en similares términos acontece el asunto de marras”.

Además la Magistrada Paulina Leonor Cabello Campo indica sobre las acciones que se deben tomar ante una acción de tutela, como en efecto lo hizo el alcalde electo Juan José Robles Julio para el restablecimiento de sus derechos y que a la postre amparó el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar.

“La Sala censura rotundamente las pretensiones del actor encaminadas a desdibujar la esencia misma de la acción de tutela, interponiendo recursos que a todas luces resultan improcedente al interior del trámite de este mecanismo, como lo es el de ‘apelación’, recurso vertical que implica la remisión al superior funcional de la autoridad judicial generadora de la decisión discutida; el cual, además, por su técnica, implica la extensión en el tiempo de la resolución a los supuestos fácticos que son ventilados ante el Juez Constitucional a fin de su pronta definición; surgiendo además la cuestión de “¿Dónde queda la protección que reclaman con tanta urgencia los derechos fundamentales, y que puede brindar esta herramienta constitucional, si se pretende supeditar a la observancia de cuestiones meramente procesales?  Este cuestionamiento tiene que ver con el principio de informalidad que rige la acción de tutela, rasgo que surge de la naturaleza y finalidad misma de la acción, pues al ser la tutela el medio que confirió la Constitución Política a los ciudadanos para hacer efectivos sus derechos fundamentales, es necesario excluir el ritualismo y el tecnicismo. De hecho, al ser una acción que pueden interponer las personas sin mayores conocimientos jurídicos, es imposible exigir en su trámite formalidades que entienden y manejan sólo los expertos en derecho. La postura planteada hasta el momento contrasta con argumentos sentados por nuestro máximo órgano de cierre constitucional en sentencias como la T-162 de 1997, que aunque puede verse lejana en el tiempo a nuestra realidad, advirtiendo casos como los que nos convocan, hacen más visibles las bases que se hincaron para la utilización de este mecanismo, pues no se comparte el hecho que se congestione aún más la administración de justicia con asuntos que ostensiblemente resultan improcedentes (…)”, afirmó la Magistrada Paulina Leonor Cabello Campo.

Asimismo la Magistrada explica el termino de súplica que emitió el alcalde Juan José Robles Julio en la acción de tutela.

“Y si de referirnos al recurso de súplica se trata, ya en anteriores oportunidades también se ha expuesto que el aludido no es procedente , trayendo a la discusión precedente mismo de la H. Corte Suprema de Justicia, quien en providencias como el Auto 228 de 2003, expuso que de conformidad con el artículo 86 de la  Constitución, el procedimiento de tutela es preferente y sumario (…) se trata de un procedimiento constitucional (no civil), especial, de rango superior, para la protección de los máximos valores constitucionales y con reglas de interpretación y aplicación diversas de los procedimientos comunes ordinarios (…) ello implica que las decisiones que se profieran en dicho procedimiento no pueden estar sometidas a los mismo tramites señalados por el legislador para el ejercicio de funciones judiciales ordinarias, todo lo cual implica que la solicitud para el trámite de la Suplica elevada por el señor Juan José Robles Julio debe ser declinada, por cuanto se recalca que al interior de un proceso tutelar no es factible la utilización de recursos ordinarios, tal como fue expuesto en párrafos anteriores; y si en gracia de discusión lo anterior no fuera suficiente, de cualquier forma este Despacho no puede adelantar ningún trámite en lo que respecta a la acción de tutela que referencia el señor Juan Robles, por cuanto dicho negocio no correspondió al conocimiento de esta Funcionaria Judicial”, afirmó la Magistrada Paulina Leonor Cabello Campo.

Finalmente la Magistrada Paulina Leonor Cabello Campo explica que “en cuanto a los términos de ejecutoria de las providencias al interior de la acción de tutela, se puede afirmar que algunas decisiones, como la que hoy cesura el recurrente, son de inmediato cumplimento, por la prontitud con la que deben ser resueltos estos trámites en cuestión.  Para concluir, y ya abordando la petición radicada por el señor Juan José Robles Julio el 21 de octubre del hogaño, donde solicita que esta Funcionaria se declare impedida para seguir conociendo de la acción de tutela rad. 44-650-31-89-001-2020-00238, debe informarse que no es factible un estudio de fondo de los ataques vertidos en el referido escrito, en tanto dicha acción de tutela no fue objeto de reparto ante este Despacho, ni en primera instancia ni para el trámite de la impugnación, por lo cual a la fecha desconocemos el contenido de dicho proceso, haciendo inviable la declaratoria de impedimento”.

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